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Año 2021 - Nº 3

Panorama de salud sexual y salud reproductiva en niñas y adolescentes durante la pandemia de COVID-19: un llamado a la acción

A call to action: sexual and reproductive health in girls and adolescents during COVID-19 pandemic

Artículo de Revisión

Loreto Pantoja1, Bielka Carvajal2, Alicia Carrasco3

Resumen

La pandemia de COVID-19 transformó la vida a nivel mundial, y en especial la vida de niñas, niños y adolescentes. El confinamiento, además del cierre de las escuelas y de otros servicios básicos de protección, ha tenido un impacto en personas menores de 19 años, exponiéndolas a mayores condiciones de vulneración de sus derechos. La suspensión de la presencialidad en las escuelas puso en evidencia las carencias en herramientas tecnológicas. Por su parte, el impacto en el sector económico y laboral por la pandemia ha afectado a las familias, aumentando los niveles de estrés, ansiedad y depresión, los que han incidido en el aumento de la violencia intrafamiliar. Instituciones a nivel mundial han realizado pronunciamientos y llamados a los Estados a proteger los derechos de la niñez y adolescencia, y que los servicios de salud sean considerados esenciales garantizando su disponibilidad y continuidad.

Esta revisión literaria tuvo por objetivo describir el impacto en salud mental y en algunos aspectos de salud sexual y salud reproductiva (violencia y acceso a servicios de salud) en niñas y adolescentes, debido a la pandemia de COVID-19.

En conclusión, la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto en niñas, niños y adolescentes en su salud mental y en aspectos de su salud sexual y salud reproductiva. Se deben mantener y fortalecer acciones que sean capaces de garantizar la protección de sus derechos y su desarrollo en entornos seguros.

Palabras clave: salud reproductiva, salud sexual, niñas, adolescentes, servicios de salud, pandemia, COVID-19

Summary

The current pandemic due to COVID-19 has changed the way of living worldwide and especially the lives children´s and adolescents. Measures such as lockdowns, schools’ closure, and high barriers with access to healthcare services have created favorable conditions for children's and adolescents' rights violations. Homeschooling or virtual education from homes highlighted the disparities among the population in access to technological items. Furthermore, the loss of job and increasing economic instability have increased adults' stress, anxiety, and depression. Consequently, this scenario has increased domestic violence. The United Nations and other institutions have made pronouncements and call to action to countries to protect children's and adolescents' rights. They have also urged to support primary care, including sexual and reproductive healthcare, to guarantee their available and continuity.

This review aimed to describe the impact on mental Health and some aspects of sexual health and reproductive health (violence and access to health services) in girls and adolescents due to the COVID-19 pandemic.

Conclusion: COVID-19 pandemic has harmed children's and adolescents' mental health and their sexual and reproductive health. Governments must create and strengthen safe environments for children and adolescents where their rights are protected.

Keywords: reproductive health, sexual health, girls, adolescents, health services, pandemic, COVID-19

Introducción

Desde marzo de 2020, en que el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS),1 la vida de la humanidad ha sufrido grandes cambios, no solo en cuanto a la salud, sino también en aspectos sociales, culturales y económicos.

De acuerdo con las estadísticas oficiales de la OMS, hasta la fecha se han registrado 243 857 028 casos confirmados de COVID-19 a nivel mundial, acompañados de 4 953 246 muertes por esta causa. En la región de las Américas, a octubre de 2021 los casos ascienden a 92 930 797 y el número de muertes alcanza cifras de 2 279 963. Brasil y Estados Unidos aportan con un 27% de fallecidos, lo que hacen a este el continente con mayor número de casos y muertes.2

En este escenario, a la misma fecha, las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) señalan que se han producido 1 672 998 casos de SARS-CoV-2, de los cuales 37 623 han fallecido por este virus. En el grupo de 10 a 19 años, los infectados ascienden a 179 812, sin embargo, el MINSAL no reporta el número de fallecidos de manera específica en este grupo etario.3 Un informe epidemiológico del MINSAL señala que, hasta marzo de 2021, en el grupo de 0 a 18 años se han producido 81 fallecimientos.4

A diferencia del grupo de personas mayores, aquellas menores de 19 años presentan una menor tasa de contagio y la enfermedad es cursada con sintomatología leve, pudiendo esto último conllevar a un subdiagnóstico del cuadro.5 A pesar de lo anterior, la infección por virus SARS-CoV-2 en este grupo puede significar la aparición del síndrome inflamatorio multisistémico (SIM). La OMS, en mayo de 2020 alertó sobre el SIM, que está asociado con la infección por COVID-19 y que afecta a niños, niñas y adolescentes. Este síndrome se caracteriza por presentar un cuadro agudo, acompañado de síndrome hiperinflamatorio que evoluciona a insuficiencia multiorgánica y shock.6 Dos revisiones sistemáticas realizadas sobre este síndrome han reportado que entre el 68% y el 73.3% de quienes presentan esta afección, pueden requerir de cuidados intensivos.7,8 Afortunadamente, pese a su gravedad, el porcentaje de muertes es bajo, y alcanza un 1.9%.7

Si bien la infección por SARS-CoV-2 puede parecer que no afecta directamente al grupo de menores de 19 años, las medidas tomadas por los gobiernos han contemplado este hecho. En Chile, el 18 de marzo de 2020 el Ministerio del Interior y Seguridad Pública presenta el decreto 104, en el cual se declara: “Estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en el territorio nacional”. Este decreto permite el establecimiento de restricciones de movilidad, como cuarentenas y toques de queda. Esta medida permaneció vigente, con prórrogas, hasta septiembre de 2021.9

En abril de 2020, la UNESCO señaló que el cierre de colegios provocaría un aumento de las desigualdades sociales y económicas de las familias; pese a lo anterior, los establecimientos educacionales cerraron o suspendieron sus clases, por ser considerados foco de contagio, lo que afectó a 165 millones de estudiantes a nivel mundial. Este cierre de los establecimientos educacionales obligó al traslado de la educación presencial a una modalidad virtual. Este cambio, en muchos casos poco planificado, tomó a muchos hogares por sorpresa, enfrentando el año escolar durante la pandemia sin conexión a internet y sin equipos para poder realizar estas clases a distancia.10

En el año 2018, en el contexto del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se encontró que en Latinoamérica el 61% de los hogares poseía computadora y el 79%, internet. Esta cifra fue inferior a la reportada por los países pertenecientes a la OCDE, en los que el 82% de los hogares contaban con computadora y el 92% con conexión a internet. Este último informe también hace énfasis en que estos porcentajes esconden desigualdades al interior de cada país. Por ejemplo, en Chile, un estudio longitudinal realizado durante el año 2020 muestra que el 60.8% de los hogares tiene alguna computadora; sin embargo, existe una brecha entre el quintil con menores ingresos (Quintil I), con 44.4%, y el quintil con mayores ingresos (Quintil V), con un 82.9% de hogares con computadora. Esta misma investigación presenta el aumento del uso de la modalidad virtual en la pandemia, de un 29.3% de estudiantes de enseñanza media aumentó a un 77.8% en el transcurso del año 2020.11  

El impacto del cierre temporal de las escuelas y el cambio hacia una modalidad virtual no solo ha afectado las estrategias de enseñanza de quienes educan, sino que también ha significado que los programas de alimentación12 que se implementan en los establecimientos educacionales lleguen con dificultad a niñas, niños y adolescentes pertenecientes a grupos con menores recursos económicos,13 observándose un aumento en la obesidad infantil.12 Respecto de lo anterior, es relevante destacar que la escuela es un espacio donde no solo se va a aprender habilidades académicas, sino que es para muchos niños, niñas y adolescentes un espacio donde sociabilizan con otros, fortalecen su autonomía y habilidades evolutivas y, de manera general, potencian su desarrollo personal. Por lo anterior, el cierre de las escuelas sin duda tiene efectos en la salud mental y en la salud sexual y reproductiva.

Comprendiendo el impacto del cierre de las escuelas, en Chile se comenzó una estrategia de apertura de dichos recintos a partir de mediados del año 2020.14 Considerando las características de la pandemia, junto con el diseño de planes de control de posibles brotes, se dio prioridad al reingreso de estudiantes de prebásica y básica. En la actualidad, los establecimientos educacionales en el país tienen permitido abrir y la asistencia de escolares es voluntaria. El Ministerio de Educación ha creado protocolos de medidas sanitarias para estandarizar el retorno seguro a las aulas,15 así como orientaciones de priorización curricular.16 A octubre de 2021, un informe de UNICEF señala que las escuelas en Chile se encuentran parcialmente abiertas y un 88% de estudiantes en este país está beneficiado por la presencialidad.14 De manera paralela, la sólida estrategia de vacunación en el país ha permitido que actualmente toda persona mayor de 6 años pueda optar a ser vacunada. Dado que el grupo de personas menores de 19 años es el menos afectado por el virus, fue el último en ingresar a las campañas de vacunación, por lo tanto, este grupo es el que ha vivido por más tiempo restricciones de movilidad. Actualmente, el 75.5% de los jóvenes de 12 a 17 años cuentan con su esquema completo de vacunación; en este mismo grupo etario el porcentaje asciende al 90.9% si se considera la vacunación con dosis única o primera dosis. Para el grupo de 6 a 11 años, la vacunación completa alcanza un 19.5%, y con primera dosis un 75.7%.17

Como la mayoría de las crisis, esta crisis sanitaria global ha tenido un impacto profundo en niñas, niños y adolescentes, por lo que esta revisión tiene por objetivo describir el impacto en salud mental y en algunos aspectos de salud sexual y salud reproductiva (violencia y acceso a servicios de salud) en niñas y adolescentes debido a la pandemia de COVID-19.

Salud Mental

En mayo de 2020, las Naciones Unidas hizo un llamado a actuar en temas de salud mental a través de su informe de políticas: “La COVID-19 y la necesidad de actuar en relación con la salud mental”. En dicho documento, se señala que, dentro de los grupos de riesgos para sufrir problemas de salud mental y abusos, se encuentran niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con dicho reporte, la salud mental de menores de 19 años se ha visto afectada fuertemente por el confinamiento, las condiciones de vulnerabilidad en las que ellos se encuentran viviendo y el cierre de las escuelas.18 Una revisión sistemática que abarcó ocho bases de datos mostró que esta pandemia afectaba de manera diferente a niños/niñas que a jóvenes, dado que estos últimos presentaban mayor depresión y ansiedad.19 En Chile, en un estudio de personas de entre 4 y 11 años, sus cuidadores reportaron que un 20.6% de niños y niñas habían pasado de no tener ningún síntoma de salud mental antes de la pandemia, a tener al menos uno. Los síntomas más prevalentes reportados en este estudio fueron: “irritabilidad, mal genio” (71.9%), “no obedecer” (70.7%) y “cambios en el apetito” (72.8%).20 Las reacciones psicológicas vividas por niños, niñas y adolescentes en esta pandemia dependen de la edad que poseen. Una revisión señala que, por grupo etario, algunos de los síntomas que pueden presentar son una conducta regresiva en menores de 5 años, entre los 5 y 11 años fallas en la atención y concentración, y entre los 12 y 18 años rechazo a actividades escolares e irritabilidad.21

En este contexto de pandemia, la vulnerabilidad en sus dimensiones individual, familiar y social son factores que se relacionan con la salud mental de los adolescentes.22 La familia es considerada como factor clave de resiliencia.23 Una revisión encontró que una familia compuesta por adultos responsables y estables puede ser un factor protector para la estabilidad de niños, niñas y adolescentes.21 Los cuidadores son la principal fuente de ayuda en los períodos de confinamiento, una comunicación abierta y cercana puede fortalecer los lazos y satisfacer las necesidades psicológicas de niños, niñas y adolescentes.24

Pero, por otro lado, este grupo puede, también, ser un receptor de la violencia provocada por sus cuidadores; si bien la violencia se presenta de manera transversal en nuestra sociedad, está más asociada con un nivel socioeconómico menor, y esta pandemia ha hecho más vulnerables a las personas, exponiendo a este grupo a mayores escenarios de violencia.25 En este contexto sanitario, no ha sido solo la familia la que efectúa violencia en niños, niñas y adolescentes, ya que dado el confinamiento y la interacción en las redes sociales, también son víctimas de pares y desconocidos. Esta temática será más desarrollada en la siguiente sección.

Violencia

Durante el año 2020 la UNICEF, en su nota técnica para la “Protección de la niñez ante la violencia: Respuestas durante y después de COVID-19” ha destacado el aumento de la violencia contra niñas niños y adolescentes por la pandemia, registrándose un aumento en el número de llamadas a teléfonos de emergencia y de los reportes de casos de violencia.26 En Chile, La Defensoría de la Niñez ha observado un incremento de situaciones críticas de violencia en niñas, niños y adolescentes bajo el cuidado del Estado, que afectan en mayor grado a aquellos que se encuentran en instituciones o privados de libertad.27

El confinamiento se ha vivido en condiciones con múltiples factores que han aumentado la violencia intrafamiliar a nivel global, entendiéndose esta como el ejercicio de “un acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar por quien tenga o haya tenido algún parentesco por afinidad, civil, matrimonio, concubinato o a partir de una relación de hecho y que tenga por efecto causar un daño”. El aumento de la violencia intrafamiliar, en muchos casos, se ha debido a crisis socioemocionales de integrantes de la familia debido a la pérdida del empleo, la falta de recursos económicos, los duelos familiares y os conflictos de pareja, donde niñas y adolescentes reciben las manifestaciones violentas del estrés, la ansiedad y la depresión de los adultos.28 Además de lo anterior, el cierre prematuro y sostenido de las escuelas y el acceso reducido a los servicios de salud, también pueden incrementar la vulnerabilidad de niñas y adolescentes a la violencia.29    

La violencia ejercida contra niñas, niños y adolescentes sucede con mayor frecuencia al interior de la familia o el hogar, la cual es habitualmente perpetrada por una persona cercana. Sin embargo, la expansión en el acceso y uso de herramientas digitales producto del aislamiento impuesto por los gobiernos para controlar el número de infectados, ha promovido que los agresores ya no estén exclusivamente en el hogar, sino que sean parte del mundo virtual al que niñas y adolescentes están expuestos.30 

Los tipos de violencia a las que niños, niñas y adolescentes están expuestos en el hogar se pueden agrupar en violencia física y psicológica, expresada a través del castigo físico y humillante, y tratos degradantes, así como violencia sexual y violencia en el entorno digital. El mayor riesgo de violencia sexual se relaciona con el cierre o la disminución de la atención de centros donde habitualmente se detectan los casos y porque niñas, niños y adolescentes se encuentran más tiempo conectados virtualmente, donde son contactados por agresores25 

Durante la pandemia, los riesgos de maltrato físico y emocional pueden clasificarse en 4 categorías: negligencia y disminución de los cuidados por el cierre de escuelas y servicios de cuidado infantil; aumento del abuso y violencia doméstica e interpersonal por aumento del estrés de cuidadores; aumento del riesgo de lesiones e intoxicación; disminución del acceso a redes de apoyo protectoras lo que genera invisibilización de familias maltratadoras y la dificultad para denunciar.31 En un estudio que incluyó a 3545 jóvenes de 13 a 16 años, que tuvo como objetivo establecer las tasas de abuso infantil y el grado de violencia intrafamiliar durante la pandemia COVID-19, mostró que un 8.2% informó abuso psicológico durante el encierro, el 2.4% experimentó abuso físico y el 1.4%, abuso sexual.32

Los efectos de la violencia en niñas, niños y adolescentes se pueden evidenciar en un menor rendimiento escolar, menores habilidades para relacionarse con los demás y para establecer vínculos afectivos, mayor predisposición a conductas sexuales irresponsables, al uso indebido de sustancias psicoactivas y predisposición a trastornos crónicos de salud mental.33 Un estudio canadiense reportó que el impacto de crisis sanitarias globales previas, como en la pandemia de SARS, determinó que los síntomas de estrés postraumático y depresión aparecieron en un 28.9% y en un 31.2% del grupo estudiado, respectivamente, datos similares a lo que se ha observado en otras mediciones en el contexto de desastres naturales o del efecto que puede causar el terrorismo.34 El impacto de los factores asociados con la pandemia es desigual, y afecta en mayor grado a niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad, con problemas de salud mental, pertenecientes a familias disfuncionales o en situación de pobreza.35

Acceso a Servicios de Salud Sexual y Salud Reproductiva

Los estados de emergencia y catástrofes tienen un profundo impacto en la provisión de servicios de salud, incluido aquellos relacionados con los derechos y la salud sexual y reproductiva (DSSR). Incrementando el daño, las catástrofes afectan de manera desproporcionada a grupos que en condiciones de “normalidad” ya se encontraban en situaciones de vulneración de derechos y discriminación, como lo son mujeres, niñas, niños y adolescentes.

La respuesta sanitaria para contener la propagación de la COVID-19 también ha tenido un impacto negativo en la provisión de atención relacionada con los DSSR. Según UNFPA, producto de la COVID-19 se espera que, a nivel mundial, exista una disminución en el acceso a educación en sexualidad integral, situación provocada por el cierre de escuelas, una disminución en el acceso a anticoncepción e incluso la reemergencia de prácticas como la mutilación genital femenina.36 Asimismo, se espera un aumento en los indicadores de violencia, incluida la violencia de género, situación que ha sido desarrollada anteriormente en este escrito. Las proyecciones del impacto de la COVID-19 hechas por el Instituto Guttmacher, para países de bajo y mediano ingreso, mostraban que se esperaba una alteración en la cadena de producción de anticonceptivos a raíz de priorizar la producción de otros productos farmacéuticos. Sumado a esto, existía la posibilidad de que proveedores de DSSR fueran reasignados a otras labores clínicas, lo que sumado a las restricciones de movilidad impuestas por diferentes países para controlar la propagación del virus, tuviera impacto en la provisión de servicios de DSSR. Este instituto apoyaba sus proyecciones en estudios realizados a raíz de los brotes de Ébola ocurridos en África, donde tanto la mortalidad materna como la neonatal aumentaron. En la región de las Américas, también se observó una reasignación de recursos económicos y humanos en materia de DSSR a propósito del brote provocado por el virus Zika.37 En términos numéricos, el Instituto Guttmacher estimaba que una reducción del 10% en la proporción de mujeres que recibían servicios de DSSR aumentaría la necesidad insatisfecha de anticoncepción, los embarazos no planificados, las mujeres con complicaciones obstétricas sin acceso a cuidado prenatal adecuado, las muertes maternas y neonatales, las complicaciones neonatales y un incremento del aborto inseguro.38

A más de un año del inicio de la pandemia, el escenario en término de proyecciones en materia de DSSR continúa siendo ominoso para otros grupos vulnerables. Por ejemplo, el Instituto Guttmacher estimaba que a los ya 132 millones de niñas no escolarizadas existentes antes de la pandemia, se añadirían otros 743 millones más debido al cierre de escuelas durante este período.39 Más aún, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha manifestado su preocupación por el posible aumento que el embarazo adolescente pudiera tener en la región de las Américas a propósito de las medidas tomadas para el control de la COVID-19. En cuanto al fenómeno del embarazo adolescente, preocupa aún más el potencial aumento que pudiera tener este indicador en niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años, en las que el embarazo es consecuencia del abuso y la violencia sexual. En términos programáticos, la CEPAL nuevamente anticipa un retroceso en la provisión de anticoncepción en la región de las Américas equivalente a una década. Un escenario similar se proyecta para los programas de VIH/sida y aborto seguro. Este mismo organismo ve con preocupación que solo una minoría de países en la región hayan delineado planes de mitigación en materia de DSSR, a propósito de las medidas tomadas para el control de la COVID-19.37

Tabla 1. Listado de prestaciones de salud sexual y reproductiva en atención primaria de salud priorizadas en Chile, 2020.

Tabla 1. Listado de prestaciones de salud sexual y reproductiva en atención primaria de salud priorizadas en Chile, 2020.

Prestaciones de salud sexual y reproductiva en atención primaria de salud

Prestación

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Cuarentena

Transición

Preparación

Apertura inicial

Avanzada

Control preconcepcional

*

*

*

P

P

Ingreso control prenatal

P-R

P-R

P-R

P-R

P

Considera:

- Exámenes prenatales de rutina

- Inmunización de la gestante

- Ecografía obstétrica

P

P

P

P

P

Educación prenatal

*

*

P-R

P-R

P-R

Control del puerperio y del recién nacido

P

P

P

P

P

Consejería en salud sexual y reproductiva

*

*

P-R

P-R

P-R

Control de regulación de la fecundidad

P-R

P-R

P-R

P-R

P-R

Consulta anticoncepción de emergencia

P

P

P

P

P

Control ginecológico preventivo

Considera:

- Toma de PAP

- Mamografía

*

*

P

P

P

Rescate de mujeres con PAP alterado, nunca PAP o PAP atrasado

P-R

P-R

P-R

P-R

P-R

Atención para la toma de PAP por demanda espontánea

P

P

P

P

P

Rescate de personas con examen de mamografía no vigente

P-R

P-R

P-R

P-R

P-R

Atención a mujeres que requieren mamografía/examen físico de mamas por demanda espontánea

P

P

P

P

P

Consulta de morbilidad obstétrica o ginecología

P

P

P

P

P

Test VIH rápido

P

P

P

P

P

Acceso a prestaciones correspondientes a la Ley 21.030

P

P

P

P

P

P: Presencial R: Remoto

(*) Prestación no priorizada en esa etapa, pero puede ser realizada según criterio clínico.

Extraído del reporte Orientaciones Técnicas Continuidad de Atención en Salud Sexual y Reproductiva en el Contexto de Pandemia COVID-19. Elaborado por el MINSAL, Chile, 2020.

PAP, Papanicolaou; VIH, virus de la inmunodeficiencia humana.

En Chile, se publicaron diferentes orientaciones técnicas para coordinar la provisión de DSSR durante el período de pandemia. En específico, en el país se han definido 5 pasos con nivel decreciente de restricciones para la población. En cuanto al nivel primario de atención, este es el nivel donde se realizan la mayor cantidad de atenciones preventivas en materia de DSSR, por ejemplo, provisión de control prenatal, anticoncepción, tamizaje del cáncer cervicouterino, entre otras. Como se puede observar en la Tabla 1, la mayoría de las actividades clínicas se deberían mantener ya sea de manera presencial o implementando estrategias de atención remota como la telemedicina.40 Sin embargo, más allá de los lineamientos programáticos, una encuesta no aleatorizada realizada por un observatorio ciudadano en el país mostraba una reducción del 51% en el número de atenciones de DSSR y un 43% de reducción en los controles de regulación de la fecundidad (anticoncepción).41 Cabe señalar que las cifras presentadas en la Tabla 1 deben ser analizadas con precaución debido a la metodología utilizada en dicho estudio. No obstante lo anterior, las cifras oficiales son concordantes con la tendencia mostrada por la Corporación MILES.

Como se puede observar en la Figura 1, de un promedio de 2 187 729 controles de regulación de la fertilidad en el período 2014-2019, hubo una reducción de un 47.5% (más de un millón de atenciones menos) durante el año 2020. En el caso de las y los adolescentes, también se aprecia una reducción en el número de atenciones durante 2020, alcanzando un 62.6% y 67.9% para aquellos entre 15 y 19 años y 10 y 14 años, respectivamente (Figura 2).

R2 2021 11

Figura 1. Número de controles de salud sexual y reproductiva, por año, nacional.
Extraído del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, Chile. Reportería Programa de la mujer, sector público.
Años 2014-2020. Elaboración propia.

R2 2021 11

Figura 2. Número de controles de salud sexual y reproductiva, adolescentes, por año, nacional.
Extraído del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, Chile. Reportería Programa de la mujer, sector público.
Años 2014-2020. Elaboración propia.

En cuanto al ingreso a control prenatal, nuevamente se observa la misma tendencia decreciente en el número de atenciones, las cuales pasaron de 162 583 en el año 2019 a 120 957 durante 2020. Se debe destacar, no obstante, que el ingreso oportuno a control prenatal, definido como el ocurrido antes de las 14 semanas de gestación, sigue estando sobre el 80% del total (85.3% durante el año 2020). En cuanto a las adolescentes, se observa una reducción en el ingreso a embarazo de un 33.9% para el grupo de 15 a 19 años, desde 13 678 embarazos en 2019 a 9029 en 2020. En el grupo de 10 a 14 años la reducción alcanza el 23.6%, de 519 embarazos en el año 2019 a 396 durante 2020. La reducción en el número de partos en el territorio nacional observó una baja de un 28% respecto del año anterior (148 434 vs. 106 760). Si bien estas cifras dan cuenta de lo alarmante de la situación actual, son insuficientes para captar lo que sucede a grupos que pertenecen a más de una categoría de vulnerabilidad, por ejemplo, aquellas personas miembros de pueblos originarios o afrodescendientes. De acuerdo con la literatura, estas mujeres, niñas y adolescentes podrían tener un riesgo mayor de morir a propósito del embarazo, parto y puerperio. Esta situación nuevamente podría estar explicada por una combinación de factores, entre ellos, prácticas discriminatorias, reasignación de recursos económicos y humanos, disminución de controles prenatales, dificultades en la movilización dentro de un territorio e, incluso, posibilidad de contraer el virus estando embarazada.37,42

Como se mencionaba antes, es claramente visible el impacto que más de un año de pandemia ha tenido en la población chilena. Si bien la información disponible en números muestra lo amplio del daño, aún queda ver cuál ha sido la experiencia usuaria y el impacto en calidad de la atención otorgada. A la luz de que siempre es posible que una nueva situación de catástrofe asole la región y el mundo, es menester fortalecer los programas de respuesta de DSSR en contextos de emergencia. Asimismo, además de contener el daño directo debemos comenzar a diseñar planes y estrategias orientadas a reparar el daño en materia de DSSR provocado a millones de mujeres, niñas, adolescentes y otros, producto de la pandemia, y la respuesta sanitaria para contenerla.

Discusión

La importancia de la protección de los derechos humanos durante la pandemia de COVID-19 ha sido destacada en la resolución de la Confederación Interamericana de Derechos Humanos: “... es un desafío en término de políticas y medidas sanitarias, como en capacidades económicas que permitan poner en marcha medidas de atención y contención que resultan urgentes y necesarias para proteger efectivamente a sus poblaciones, acordes con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.43

Las estrategias deben ir enfocadas en garantizar la continuidad de los servicios de salud, la educación y la protección vitales para niñas y adolescentes, especialmente en grupos más vulnerables como niñas y adolescentes refugiados, migrantes y los que han tenido que abandonar sus familias para protegerlos del virus. En niñas, niños y adolescentes el cierre de los centros educativos ha significado la limitación de los procesos de socialización, el intercambio con pares, el juego compartido, la actividad física y los aprendizajes formales.35 Además, el cierre de estas unidades de apoyo ha significado la disminución de las barreras de control social frente a situaciones de violencia; por otra parte, se ha observado una disminución de las denuncias de maltrato infantil, que se ha estimado en un 27% menos desde que se cerraron las escuelas, lo que pone de manifiesto el quiebre del vínculo entre las víctimas de violencia intrafamiliar y el personal escolar.44

En relación con el aumento de la violencia intrafamiliar UNICEF/CEPAL ha puesto énfasis en que hay que considerar que la COVID-19, y todas las medidas que se han establecido para su manejo, generan el aumento de la violencia que se perpetra contra niñas, niños y adolescentes. La pandemia y la crisis generada ha exacerbado los factores de riesgo y debilitado los factores de protección, dejándolos más expuestos a ser víctimas de violencia. Por lo anterior, las sugerencias a considerar se centran en: fortalecer las líneas de emergencia, capacitando a funcionarios para detectar y canalizar adecuadamente los casos de violencia que se producen en el hogar; contar con información de cómo acudir a los servicios de manera presencial o remota durante la pandemia; implementar mecanismos que permitan grabar las entrevistas y no exponer a las víctimas a revictimización; disponer de refugios o centros de acogida para las víctimas buscando alternativas de núcleos familiares ampliados o familias de acogida, y establecer mecanismos seguros para que niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia puedan pedir ayuda sin ponerse en riesgo.26

Hasta la fecha, las estadísticas chilenas disponibles muestran un decrecimiento tanto en el número de atenciones relacionadas con la anticoncepción como con el número de embarazos y partos atendidos en el sistema público de salud. Este último decrecimiento es también observable para el grupo de personas de entre 10 y 19 años. De acuerdo con estas cifras, el embarazo adolescente se redujo transitoriamente durante el año 2020. No obstante, es posible que esta cifra se revierta durante el período 2021-2022 dada la paulatina reducción de las medidas destinadas al control de la movilidad de las personas dentro del territorio y la apertura de escuelas.

Paralelamente a esto, el sistema de salud público en el país se encontraba, desde antes de la pandemia, en permanente déficit presupuestario. El sistema primario de atención en salud, eje central en la provisión de atención en salud, incluidos los DSSR, como muchos en la región se encontraba también con recursos insuficientes al momento de enfrentar la ola de casos de COVID-19. De acuerdo con cifras provisionales reportadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), el gobierno de Chile presentaba un gasto de 1402 USD para 2020, el cual ascendía a 2322 USD considerando otros aportes, como el gasto de bolsillo.45 En este escenario, el presupuesto nacional para el año 2022 considera una reducción del 22.5% del gasto público.46 En materia de salud de dicho presupuesto, se proponen como estrategias claves a afrontar las vacunaciones, el fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento y la tecnología del sistema de salud, y la reducción de las listas de espera.47 Si bien todos los objetivos antes propuestos son loables y necesarios, se observa la ausencia de un plan de apoyo a la salud mental de la población, medidas destinadas a fortalecer la educación en sexualidad integral y el desarrollo de planes a largo plazo para fortalecer medidas como la telemedicina en atenciones de los DSSR.48

Sumado a lo anterior, es relevante mencionar que la situación chilena para enfrentar la pandemia y la recuperación pospandemia es aún más compleja cuando se toma en cuenta el momento político en el que se encuentra el país, a propósito de reescribir la Constitución. El trabajo paralelo que la comisión de constituyentes se encuentra realizando es esperable que culmine a mediados de 2022, donde un nuevo referéndum aprobará o no los lineamientos a seguir para las próximas décadas.49 Esta particular situación, si bien aumenta la incertidumbre sobre lo que devendrá para Chile, también se levanta como foco de esperanza para corregir y generar nuevas estrategias para enfrentar algunas de las disparidades e injusticias en materia de DSSR que se ven hasta el momento.

Conclusión

La pandemia de COVID-19 ha hecho más vulnerables a niñas, niños y adolescentes en su salud mental y en aspectos de su salud sexual y salud reproductiva. Se deben mantener y fortalecer acciones que sean capaces de garantizar la protección de sus derechos y su desarrollo en entornos seguros. Asegurar el acceso a: herramientas tecnológicas en un entorno controlado y seguro, servicios de atención a la salud mental, prevención y atención de la violencia intrafamiliar, programas de apoyo para fortalecer a las familias, y la revisión del modelo de enseñanza a distancia son elementos fundamentales para evitar que la pandemia se convierta en un grave retroceso en el cumplimiento y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Referencias

  1. COVID-19: Cronología de la actuación de la OMS COVID-19: Cronología de la actuación de la OMS. Disponible en: https://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19. 2020 [Acceso el 27 de abril de 2020].
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1. Profesora Asociada, Matrona, MSP. Departamento de Promoción de la Salud de la Mujer y el Recién Nacido, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile

2. Profesora Asistente, Matrona, MSP, Doctora. Departamento de Promoción de la Salud de la Mujer y el Recién Nacido, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile

3. Profesora Asistente, Matrona, MSP. Departamento de Promoción de la Salud de la Mujer y el Recién Nacido, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile

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